Abogados en Mexico

Recientemente, varios gobernadores, entre ellos los de Nueva York, Illinois y Massachussets, anunciaron que se salen del programa porque lo consideran nocivo para la seguridad pública. Condados también han intentado salirse del programa y recientemente el alcalde de Boston le hizo severas críticas.

"DHS ha mostrado claramente que no respeta las reglas, la seguridad comunitaria y la transparencia de las acciones del gobierno. Está claro que se está usando a Comunidades Seguras, un programa que no sirve, para esconder una política de deportaciones masivas", dijo Mariaelena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC).

Expertos en ley de inmigración encontraron confusa la acción de DHS.

"Incomprensible. Lo que hace es añadir más a la confusión. Uno esperaría que DHS hubiera pensado desde mucho antes todos estos detalles legales. Sobre todo antes de discutir con los estados si podían o no podían salirse del programa", dijo David Leopold, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración.

Este es apenas un nuevo giro en la azarosa vida de Comunidades Seguras, cuya aplicación está siendo investigada por el Inspector General y del que hace unos días una jueza federal dijo que "hay amplia evidencia de que DHS y ICE han hecho grandes esfuerzos para ocultar al público la realidad sobre este programa".

Se espera que esa jueza ordene la liberación de numerosos archivos y documentos internos tras una demanda presentada por la escuela de Leyes Benjamín Cardozo y la Red Nacional de Jornaleros. Estos grupos llevan meses alegando que el gobierno federal mintió al decir inicialmente que el programa era optativo y luego declararlo obligatorio.

Comunidades Seguras surgió originalmente como programa de colaboración entre comunidades y el gobierno federal para identificar a extranjeros que hayan cometido delitos y sean deportables según la ley.

Según Chris Newman, abogado de la Red Nacional de Jornaleros, la acción de ayer "demuestra que ICE engañó a los estados, realizó largas negociaciones que costaron dinero al público y ahora dice que los contratos no valen…pero todos los engaños del mundo no pueden esconder que es una horrible política. Al mezclar a la policía local en la aplicación de leyes federales, Comunidades Seguras criminaliza a los inmigrantes y lleva a la "arizonificación" del país.

Se anticipa que algunos estados o localidades presenten demandas contra el gobierno federal para impedir que se les fuerce a aplicar un program que, alegan, no está contenido en ninguna ley federal.

Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), dijo que esperaba que el estado de California actuara para pedir al gobierno federal la terminación del programa, aunque cuando era procurador del estado, Brown dijo a condados y localidades que no se podían salir del mismo porque estaba ordenado por la ley.