Sin embargo, dejó en claro que esto será posible, “siempre y cuando no lo haga ostentando su cargo, dentro de su horario laboral, durante misiones de carácter oficial, en instalaciones institucionales o empleando recursos que tenga a su alcance en virtud de su encargo, de conformidad con el marco jurídico aplicable”.

La aclaración del INM se da después de la difusión de un audio en el que presuntamente la delegada en Puebla de esa institución, Rocío Sánchez de la Vega Escalante, ofrece un pago por cada militante panista llevado a votar a favor del precandidato presidencial Ernesto Cordero.

En el comunicado, el INM no menciona a la funcionaria, sin embargo, fuentes del Instituto confirmaron a Milenio que se trata de Sánchez de la Vega Escalante, tanto por la foto que se observa en el la carátula del audio subido a Youtube como por la voz.

Por la noche, Milenio se comunicó telefónicamente con Rocío Sánchez, quien de inmediato remitió al comunicado y pasó a su enlace de comunicación.

“Ya está el posicionamiento en un boletín, le paso a mi enlace de comunicación para que le dé sus datos y le puedan dar el posicionamiento, gusto en saludarlo”, comentó cortante.

En este sentido, Norma Cuellar, enlace de comunicación del INM en puebla confirmó que la delegada sigue en funciones.

Por su parte, el vocero de Josefina Vázquez Mota, Juan Marcos Gutiérrez, informó que el equipo de la precandidata panista prepara un expediente de todas las irregularidades y ataques para que “en su momento se presenten las acciones necesarias”. Precisó que no han presentado hasta el momento ninguna queja formal, e hizo un llamado al partido para que detenga esta guerra sucia.

“Nosotros si vemos son claras señales de que, con independencia y dejando a salvo al ciudadano presidente de la República, evidentemente hay algunos servidores públicos en este caso federales y otros estatales y hasta municipales que se están extralimitando de sus funciones utilizando sus cargos públicos para presionar el sentido del voto, entonces a mi me parece que es un asunto que debe cesar, hacemos un llamado a la autoridad interna del partido para que tome cartas en el asunto en términos generales”, expresó.

Agregó que incluso la Fiscalía Especial Para Delitos Electorales (Fepade) debería actuar por oficio

Según Ozment, el programa 287g viola una disposición vigente desde 1963 conocida como "Metro Charter", que quita la mayoría de los poderes a la oficina del alguacil de Davidson y le otorga sólo el control de la cárcel de Nashville, capital del estado.

Hace 50 años, la ciudad de Nashville y el condado Davidson se consolidaron y formaron un solo cuerpo de gobierno cuyas decisiones son tomadas por el Consejo Metropolitano.

Asimismo, la decisión en 1964 de la Corte Suprema de Tennessee otorga exclusivamente al Departamento de Policía del área Metropolitana de Nashville la tarea de hacer cumplir las leyes en las calles de la ciudad.

El 287g se aplica en Nashville desde abril de 2007 y desde ese tiempo ha recibido muchas críticas de los defensores de los inmigrantes "sin papeles" que argumentan que no ha sido utilizado para identificar a criminales peligrosos sino para poner en proceso de deportación a indocumentados sin antecedentes penales.

"Creo que ha sido lo mejor que puede pasar en este caso, que la máxima corte del estado tome cartas en el asunto, nos va a ahorrar tiempo y años en apelaciones", declaró Ozment al periódico.

El mismo abogado interpuso otra acción legal contra la Comisión de Entrenamiento y Normas de los Agentes Carcelarios (POST), que regula a las agencias del orden público del estado, sobre su decisión de aprobar una medida que obliga a todas las cárceles del estado a cuestionar el estatus migratorio de los detenidos.

El pasado 13 de enero, POST decidió eliminar la controvertido política, que exigía a los carceleros preguntar a los detenidos si eran ciudadanos estadounidenses y dónde habían nacido.

La comisión enfatizó que había cambiado de opinión en parte porque ahora los centros de detención utilizarán el programa Comunidades Seguras.

Antes de postular al cambio de estatus, los individuos deben aplicar a una exención o “waiver”. Esta remueve el castigo al que todo indocumentado es sometido: la prohibición de volver al país, por cierto lapso.

Si la persona residió en Estados Unidos por más 180 días y menos de 365, entonces la prohibición de reingreso es de 3 años. Si se dilató por más de un año, ésta se extiende por una década.

Esa es la razón por la que muchos, no toman el riesgo. El sistema ha sido ampliamente criticado, por su burocracia y falta de claridad en el proceso. Sin embargo, la Administración está abriendo una ventana de cambio.

“Esto aliviará la separación prolongada que deben enfrentar las personas que entran en este proceso”, dijo un funcionario del gobierno.

Con las nuevas regulaciones, el indocumentado podrá postular a la exención, desde Estados Unidos, y una vez que obtenga un certificado provisional de su caso, deberá viajar para recoger sus papeles.

Actualmente para que el sistema funcione, el indocumentado debe: salir del país; programar una entrevista con un oficial consular del Departamento de Estado; recibir una notificación formal de su prohibición de volver a Estados Unidos; aplicar al waiver; conseguir una entrevista con un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), esperar la respuesta y si el resultado es positivo, tener otra reunión con personal de DOS. De acuerdo a funcionarios del gobierno, este proceso puede durar, por lo menos, seis meses.

“Cuando se adjudican las exenciones, puedes conseguir resultados muy diferentes. Porque los consulados no reportan a nadie, están bajo DOS. No tienes uniformidad. Ahora que este proceso estará bajo el control de USCIS, creo que implicará una mayor consistencia”, explicó Angela Kelley, vicepresidenta para política migratoria del Centro para el Progreso Americano.

Aunque los cambios administrativos demoran un periodo considerable, funcionarios de gobierno enfatizaron, que esperan procesar casos bajo las nuevas regulaciones “este año fiscal”.

Según cifras de USCIS, en 2011 se recibieron 23,000 aplicaciones para la exención. La tasa de aprobación se situó entre el 70 y 80%.

Según cifras del Instituto de Política Migratoria, en general, un 75% de las aplicaciones se tramitan en la oficina consular de Estados Unidos ubicada en Ciudad Juárez.

“No tenemos estimaciones respecto a cuánto van a aumentar las peticiones de waivers, pero una de las cosas que haremos, mientras nos preparamos para implementar las nuevas regulaciones, es adquirir la flexibilidad para enfrentar los volúmenes que recibiremos”, comentó un funcionario de la Administración.

Esperanzas de cambios - Uno de los elementos que no serán modificados es el requerimiento principal para obtener la exención: demostrar que la ausencia de la persona indocumentada, expone a una situación de “dureza extrema” al ciudadano que lo está pidiendo.

USCIS tiene una lista de documentos que se deben presentar para probar esto, como por ejemplo, el impacto financiero, pero no existe una definición concreta de este concepto, ni una directriz clara de cómo aplicarlo.

“Están haciendo esto con pasos pequeños. Estoy decepcionada de que no hayan modificado este estándar, pero creo que igual veremos cambios en cómo es aplicado”, comentó Kelley.

Consultados por La Opinión, funcionarios del gobierno indicaron que si la exención es denegada, la persona no será puesta en proceso de deportación si su caso no corresponde con las prioridades de inmigración. Es decir, si no ha cometido delitos y tiene lazos fuertes con el país.

Organizaciones pro inmigrantes esperan que todavía exista lugar para cambios en las regulaciones. “Este es un paso inmenso para mantener a las familias unidas. Pero necesitamos más.

Presionaremos porque este beneficio también se extienda a residentes legales”, aseguró Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.

Esta decisión del gobierno, se suma a modificaciones importantes en el campo migratorio realizadas el año pasado, que incluyen tanto las nuevas guías para la aplicación de discreción procesal, como la revisión de más de 300 mil casos pendientes de deportaciones. Al otro lado de la balanza, sin embargo, están las cifras récord de deportados, con 397 mil sólo en 2011.

El 1 de enero entró en vigor la primera de dos partes del Acta del Sueño estatal, que autoriza a los indocumentados que cursan estudios superiores a solicitar becas privadas para costear su instrucción. La segunda parte comienza en 2013 y concederá becas estatales a los migrantes.

Donnelly lamentó que no pudo reunir 504 mil firmas electorales que necesitaba como requisito para inscribir su propuesta ante la Secretaría del Estado de California.

Dijo sin embargo que su intento sirvió para informar al público sobre la existencia del Acta del Sueño de California.

Aunque Donnelly mencionó que el plan costaría miles de millones de dólares de presupuesto de California, lo cierto es que es la iniciativa privada la que decidirá a qué indocumentados y en qué medida concede becas.

El legislador incurrió en imprecisiones especialmente en el número de firmas que sí consiguió reunir y en los fondos del estado de California disponibles para becas públicas, que todavía no se conceden a los indocumentados.

En su evaluación sobre Estados Unidos, el documento no se quedó corto. "La expansión sin control del sistema de detenciones de inmigración durante las últimas dos décadas ha llevado a una estructura a nivel nacional de más de 300 centros".

"En junio HRW documentó un vasto número de detenidos expuestos a transferencias recurrentes y caóticas entre centros de detención. Entre 1998 y 2010 se han registrado más de 2,200,000 de ellos fueron transferidos más de tres veces. Esto interfiere con el acceso a asesoría legal, testigos, evidencia y su red familia", aseguró el reporte.

El director de defensa en el programa de Estados Unidos para HRW, Antonio Ginatta, enfatizó a La Opinión, que los cambios recientes en el sistema, como el cierre de algunos centros de detención donde se han registrado abusos, además de nuevos métodos de localización para detenidos, han ayudado, sin embargo, no son una solución.

"Este todavía es un sistema basado en la detención criminal y lo que queremos ver es una detención civil, donde personas no tienen que ponerse uniforme y pueden visitar a su familia cuando sea y tener libre acceso a los abogados. Este es un sistema criminal y eso es problemático ya que muchas de las personas no tiene antecedentes delictivos", enfatizó.

"La Administración del presidente Barack Obama, comenzó con ciertas reformas, pero de muchas maneras no ha seguido con la determinación de cambiar el sistema. Esta un poco parado", agregó.

El reporte criticó también al Programa Comunidades Seguras, que compara las huellas digitales de personas detenidas, con las bases de datos del gobierno, para determinar su estatus migratorio.

"Entre octubre de 2008 a julio de 2011, el 59% de los individuos deportados producto de este programa, no tenían un récord criminal o solamente estaban registrados con ofensas menores, como son las infracciones de tránsito", comentó el informe.

"No vale la pena encarcelar a personas que no son riesgos a la comunidad. La economía de Estados Unidos no es tan fuerte para mantener este sistema", enfatizó Ginatta. Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración (ICE) explicó a La Opinión, que las reformas al sistema de detención están en curso. "Hemos puesto centros de detención en ubicaciones estratégicas que maximizan el acceso de los detenidos a consulados locales y servicios de asesoría legal", aseguró la vocera Gillian Christensen.

Asimismo explicó que la deportación de inmigrantes sin antecedentes criminales ha disminuido considerablemente. Si se compara los años fiscales 2008 y 2011, se han removido 102 mil personas más, con historial de delitos. A su vez, se redujeron las deportaciones de no criminales a 74 mil, es decir 29%", agregó.

El informe también criticó las leyes de Arizona y Alabama. Calificó esta última como una de las medidas más antiinmigrantes en Estados Unidos, en la actualidad.

El reporte criticó también al Programa Comunidades Seguras, que compara las huellas digitales de personas detenidas, con las bases de datos del gobierno, para determinar su estatus migratorio.

"Entre octubre de 2008 a julio de 2011, 59% de los individuos deportados producto de este programa, no tenían récord criminal o sólo registraban ofensas menores, como infracciones de tránsito", comentó el informe.

Aunque no recuerda bien qué ocurrió, se refiere a esa noche como la más terrible de su vida. "Todo pasó en un segundo, perdí el control de mi auto y me estrellé con otro, una de las chicas del otro automotor —donde iban cuatro personas— quedó con heridas serias, especialmente en su cabeza", narró.

"No he vuelto a saber nada de ella y aunque sé que es algo que debo dejar atrás, siempre la tengo en mi mente y mi arrepentimiento es genuino", dice el joven que asegura además, que no ha vuelto a beber licor desde que recuperó su libertad este año, tras estar en la cárcel un poco más de dos años.

El joven de 27 años, que pidió no revelar su identidad, ni la de su víctima, porque quiere rehacer su vida, admite que "fue una mala decisión la que tomé. Una lección muy dura que marcó mi vida –ahora llena de remordimientos- y la de mi familia para siempre por el sufrimiento de mis padres mientras estuve en la cárcel y todo el dinero que gastaron en abogados".

Malas decisiones que cobraron la vida de 354 personas el año pasado en el estado de Nueva York, y dejaron a 6,337 heridas, según estadísticas del Departamento de Seguridad Vial del estado.

"Si pudiera volver atrás en el tiempo, me gustaría tomar una decisión diferente, lamentablemente no puedo", dijo Carmen Huertas, minutos antes de escuchar la sentencia –el año pasado— por su responsabilidad en la muerte de la menor Leandra Rosado, de 11 años .

Expresó también: "Yo no soy un monstruo. Soy una madre cariñosa que tomó una decisión terrible, que causó la pérdida de la vida de un inocente y otros resultaron heridos. Por eso, sé que debo ser castigada".

Huertas, de 33, se encuentra recluida en la correccional Albion, cumpliendo con una condena mínima de cuatro años y máxima de 12 —tras declararse culpable de causar la muerte de la niña —el 11 de octubre 2009— por estar manejando bajo los efectos del alcohol, conduciendo a alta velocidad y con siete menores a bordo.

Lenny Rosado, motivado por la pérdida de su hija Leandra, inició exitosamente una agresiva campaña, hoy conocida como la Ley Leandra —aprobada en el estado de Nueva York el año pasado— que convierte en una felonía el manejar embriagado llevando a bordo a menores de 16 años. La ley impone a estos conductores un máximo de cuatro años en prisión, así como se le exige obligatoriamente, a los conductores convictos, colocar —por un mínimo de seis meses— un dispositivo que detecte la presencia de alcohol de una persona, el que tendrá que soplar antes de encender el automotor.

"Si va a tomar no maneje, existen varias formas de evitar ponerse a un volante", expresó en tono reflexivo Rosado, que acudió recientemente, junto a otras 150 personas, a la vigilia anual que se realiza en Long Island para recordar la memoria de las personas muertas en accidentes ocasionados por conductores borrachos, y que lleva a cabo la organización Madres en Contra de los Conductores Ebrios (MADD, por sus siglas en inglés).

Rosado subrayó que la memoria de su hija "siempre estará en mi corazón y nunca la olvidaré. Es todo muy triste, especialmente esta época".

Iván Saa, vocero de MADD para el capítulo de Long Island, indicó que pese a las agresivas campañas —que tanto su organización como la uniformada lanzan para concientizar a la gente a que no maneje si ha bebido— "siguen ocurriendo accidentes y víctimas inocentes pierden la vida. La gente debe educarse, ésta es la clave", recalcó.

Celina López perdió a su hijo Paul Anthony, de 17 años, en agosto de 1998. Diciembre es una de las más difíciles fechas para su familia, porque todos los recuerdos vienen a ella. "Nunca nuestra vida será igual sin mi hijo", dijo.

Para López, la gente debe asumir y ser responsable de cómo la mala decisión de manejar embriagado, le puede cambiar la vida, no sólo la de ellos, sino la de su familia, la de las víctimas y todo su entorno. En las navidades –explica López— todo el mundo quiere ir a fiestas y pasarla bien, pero la responsabilidad de todos es que si van a utilizar un auto, designen un conductor que, sepan, no va a beber.

Si pudiera volver atrás en el tiempo, me gustaría tomar una decisión diferente, lamentablemente no puedo’.

Kathleen Rice, la Fiscal de Distrito del Condado de Nassau, dijo que el 8 de marzo del 2010, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, Alfaro conducía su auto Mazda 626LX 1998 en dirección norte sobre la South Oyster Bay Road, con su hija en el asiento trasero. Alfaro, que había pasado la noche bebiendo en la casa de su primo en East Meadow, cruzó a través de los carriles en dirección sur, golpeó un sardinel, y condujo en dirección contra el tráfico antes de estrellarse contra un árbol. Casi una hora después del accidente, el contenido de alcohol en la sangre de Alfaro era .11.

La hija de Alfaro solo estaba asegurada con una correa a la hora del accidente, y no estaba en un asiento de seguridad para niños. El accidente causó que la niña se rompiera el cuello y su espina dorsal se separará por aproximadamente cinco pulgadas, dejándola paralizada e incapaz respirar. Con la atención médica inmediata de un buen samaritano, un bombero que estaba fuera de servicio, del equipo médico del cuerpo de bomberos de Syosset, de un policía del 2do recinto, y del Buró de Aviación, la niña fue revivida. Alfaro solo sufrió lesiones en una de sus piernas y el tobillo.

La policía encontró el asiento de seguridad para la niña en la maletera del auto de la acusada. También encontraron una botella semivacía de vodka, tazas plásticas, y múltiples botellas de cerveza vacías dentro del coche. La madre de Alfaro tiene la custodia de la niña, quien ahora tiene cinco años.

Bajo la ley de Leandra de Nueva York, que fue firmada como ley en noviembre del 2009 con el apoyo total de la Fiscal Rice, es un crimen automáticamente manejar en estado de ebriedad con un niño menor de 16 años en el coche, y provee penas más severas en los casos donde los conductores donde los niños resulten heridos.
“La sentencia no puede cambiar el impacto desgarrador que tuvo la acción imprudente de la acusada contra una niña inocente”, dijo Rice. “Tragedias como esta son el porqué yo estuve a favor de la ley de Leandra. Los niños merecen todos los niveles posibles de protección que les podamos proporcionar”.

Un abogado de California enfrenta hasta 30 años en prisión por realizar soborno bajo amenazas para que su cliente mintiera al gran jurado durante una investigación federal.

Alfred Villalobos, de 46 años y de South Lake Tahoe, fue acusado el miércoles de extorsión y obstrucción de la justicia.

Los fiscales federales dicen que en 2009 Villalobos fue acusado después de aceptar el primer pago de un soborno prometido de 107.000 dólares. Las autoridades dicen que Villalobos fue atrapado durante un operativo del FBI después de que el abogado pidió un pago a un colega en Century City que representaba el blanco de una investigación de fraude migratorio.

La llamada el jueves al abogado de Villalobos, Richard Steingard, no fue respondida.

El apoyo de México se da en el marco de la figura "Amigo de la Corte", a la que también han adherido organizaciones civiles de Estados Unidos y 15 países de América Latina, añadió el documento.

El 1 de agosto, el gobierno de Estados Unidos impugnó la ley HB 56 ante un juzgado en el distrito norte de Alabama con el argumento de que "está reñida con la ley migratoria federal y socava el balance prudente entre las prioridades y los objetivos migratorios del gobierno federal".

La HB 56 obliga a la Policía a verificar el estado migratorio de las personas que detenga y que crea sean indocumentados, obliga a las escuelas a verificar el estatus de los estudiantes y penaliza el transporte o alojamiento de ilegales.

Esta es la segunda ley migratoria estatal que trata de revocar el gobierno estadounidense luego de que lograra que un juez impidiera en julio de 2010 la entrada en vigor de las partes más polémicas de la ley SB 1070 de Arizona, que declaraba la inmigración ilegal un delito.

México también apoyó bajo la figura "Amigo de la Corte" las acciones del gobierno federal estadounidense contra la ley SB 1070 de Arizona.

Estudiantes Sin Papeles en Cottonwood, Arizona - A un mes de que Mayra García cumpliese su sueño de ir a la universidad, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas golpeó la puerta de su casa en el pequeño poblado de Cottonwood con una orden de deportación para ella y para su padre.

"¿Dónde está tu padre?", le preguntó el agente. "Si no dices dónde está, te vamos a arrestar".

"Nos dio un beso a mí y a mis hermanos y me dijo que siguiera adelante, que esto no me iba a detener", recuerda Mayra.

Aquella tarde de agosto de 2010, Mayra, de 19 años, se enteró que un juez de inmigración había emitido una orden para su deportación por no haberse presentado a la corte tras una solicitud de asilo político que hizo su padre cuando ella tenía siete años y que fue rechazada.

Aunque podrían haberla arrestado también, el agente le permitió quedarse para que buscara un abogado para pelear su deportación y poder ir a la universidad.

Miles de estudiantes como Mayra, quien llegó al país a los dos años cruzando ilegalmente la frontera con sus padres, se criaron en los Estados Unidos y viven en un limbo migratorio pues no tienen forma de regularizar su situación. Cuando se les inicia un proceso de deportación, sus opciones son casi nulas.

Un elemento que obra a su favor, sin embargo, es que los tribunales de Inmigración están desbordados y no dan abasto para procesar todos los casos que tienen pendientes.

En junio, un juez de la Corte de Inmigración de Phoenix fijó la fecha para ventilar el caso de deportación de Mayra: el 30 de agosto de 2016.

En otras palabras, Mayra tiene otros cinco años para tratar de regularizar su situación.

"No es que hayamos pedido más tiempo", dijo Judy Flanagan, una abogada de inmigración que aceptó representarla sin cobrarle. "Esa era la primera fecha que el juez tenía disponible".

Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR por sus siglas en inglés), la corte de Phoenix tenía 8,817 casos pendientes a fines de junio. Y cuenta con sólo tres jueces, explicó Flanagan.

La abogada pidió que el juez considerase otorgarle asilo político a Mayra porque tiene un temor real de regresar a México. Flanagan dijo que por la seguridad de su clienta no podía revelar el motivo.

"Esto es como comprar tiempo", expresó Mayra. "Lo que quería es que me dieran la cita después de que me graduara (en el 2014)".

La gran esperanza de los jóvenes como Mayra es que el Congreso apruebe el Dream Act, una propuesta de ley que permitiría regularizar su status migratorio a quienes ingresaron ilegalmente al país antes de los 16 años y cursaron estudios universitarios o se enlistaron en las fuerzas armadas. Según el Migration Policy Institute, una organización independiente que estudia el fenómeno migratorio, 2.1 millones de jóvenes podrían beneficiarse de aprobarse esta propuesta.

En junio, por otro lado, el director del ICE, John Morton, expidió un documento que daría un respiro a los jóvenes que enfrentan una inminente deportación.

En el memorando se sugiere el uso de la discreción por parte de los abogados o agentes del ICE a la hora de iniciar un proceso de deportación de alguien que no tiene antecedentes delictivos ni ha estado preso. La iniciativa también plantea el uso de la "acción diferida", por la cual se deja en suspenso la deportación de estudiantes y demás jóvenes que se verían amparados por el Dream Act.

Ninguna de estas opciones legales implica que se está abriendo las puertas a estos jóvenes para que regularicen su situación ya que sus procesos de deportación siguen pendientes. Pero los jóvenes ganan tiempo y quedan a la espera de que se apruebe una reforma a las leyes de inmigración que los beneficie.

No está claro todavía qué impacto está teniendo esa iniciativa, debido a que no existe un registro de los casos en los que se dejó en suspenso un proceso de deportación haciendo uso de la discreción, según ICE.

Lo que sí revelan las estadísticas de ICE es que en el 2010 fueron deportadas 390,000 personas, de las cuales la mitad no tenían antecedentes delictivos.

No hay estadísticas disponibles para el 2011 sobre el número de casos de acción diferida ni se sabe si su uso aumentó desde que salió a la luz el memorando.

En el pasado, la opción fue utilizada de forma aislada. En el 2010 se otorgó en 542 instancias y en el 2009 en 780, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés).

Aunque se cansó de escuchar a quienes le decían que no valía la pena estudiar si no tenía papeles en regla, Mayra nunca desistió de su sueño y fue aceptada por una universidad privada californiana con una beca que cubriría sus estudios de bachillerato (el ciclo universitario básico) y su alojamiento con un valor de $250,000 dólares.

"No sé por qué me la dieron a mí", dice incrédulamente, señalando que es la primera en su familia en ir a la universidad.

Mayra pidió omitir el nombre de la universidad por temor a que esto pueda perjudicar a sus compañeros de clase que no tienen papeles.

Mayra no es la única que ha ganado tiempo. Pedro Gutiérrez, un joven de 24 años que reside en la Ciudad de Casa Grande, cerca de la frontera entre Arizona y México, vivió una experiencia similar.

Después de ser detenido por una infracción de tráfico y de enfrentar la inminente deportación, su abogado Maurice Goldman logró convencer al ICE de que dispusiese una cancelación temporal de la medida, sin hacer uso de la acción diferida.

"No tengo en dónde vivir en México, casi no hablo español, allá no tengo familia", señaló Pedro en una entrevista en inglés.

La abuela, quien lo trajo a Estados Unidos, falleció hace varios años y Pedro es prácticamente huérfano sin haber tenido contacto con sus padres.

En marzo del 2012 vence la suspensión temporal de su deportación y la interrogante es si el gobierno estará dispuesto a darle más tiempo.

"Es como vivir en un limbo", asegura.

Su razón principal para quedarse en los Estados Unidos es poder cumplir el sueño de enlistarse en el ejército como soldado de la marina. Ese fue uno de los puntos claves para que lo dejaran quedarse, considerando que podría ser amparado por el Dream Act, dice Goldman.

"Ese ha sido mi sueño desde que tengo memoria", cuenta. Pero ahora tiene otro motivo y es que muy pronto será papá.

"Me aterra pensar que sólo estoy aquí temporalmente, y que mi niña puede crecer sin su padre", asegura.

Si Pedro es deportado, como sucede con la mayoría de los inmigrantes en su situación, no podría regresar legalmente a los Estados Unidos por 10 años debido a un castigo que imponen las leyes de migración para quienes estuvieron ilegalmente en el país, explicó Goldman.

Lograr la suspensión temporal de una deportación es muy poco común, asegura Goldman, algo confirmado por datos del DHS, según los cuales el año pasado se apeló a la acción diferida en poco más de 500 casos.

Goldman dice que los casos varían según las circunstancias.

"Algunos son afortunados y otros no tanto", señala.

Carmen Cornejo, directora de CADENA, un grupo de profesionales y estudiantes que apoyan el Dream Act, afirma que la situación de Mayra y Pedro es la excepción a la norma porque ambos pudieron conseguir abogados y no refleja necesariamente una intención de la administración de darle más oportunidades a estos jóvenes.

"Quisiéramos que se suspendiese oficialmente (la deportación) de todos los candidatos a ser cobijados por el Dream Act. No sabemos cuántos están siendo deportados de forma anónima", expresó Cornejo en referencia a los jóvenes cuyos casos no han contado con una red de apoyo de la comunidad o han ganado notoriedad en los medios.

La ley, firmada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010, exige a la policía que verifique el estado inmigratorio de cualquier persona detenida y sospechosa de estar en el país ilegalmente.

Otras disposiciones suspendidas exigen que los inmigrantes lleven consigo sus documentos en todo momento y prohíbe a las personas sin los documentos adecuados el solicitar trabajo en lugares públicos.

"Tengo la esperanza de que la Corte Suprema de Estados Unidos elija tomar este caso y brindar la muy necesaria claridad para estados como Arizona que están luchando con importantes costos financieros y humanos de la inmigración ilegal", dijo Brewer en un comunicado.

La administración Obama había demandado, apelando contra esa ley porque sostiene que interfiere de forma inadecuada con el sistema de inmigración federal. El juez y la corte de apelaciones estuvieron de acuerdo.

Se cree que cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales viven en Estados Unidos. La inmigración se ha vuelto un tema importante en estados como Arizona, que limita con México.

Los opositores a la ley, entre ellos el presidente Barack Obama, muchos demócratas y grupos de derechos civiles, han dicho que hostiga a los hispano-estadounidenses. Pero sus partidarios han dicho que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para detener el flujo de inmigrantes ilegales hacia el país.

Obama ha apoyado una reforma integral de las leyes de inmigración, pero esa legislación no ha avanzado en el Congreso.

Brewer anunció en mayo que el estado apelaría ante la Corte Suprema y la apelación de 41 páginas fue presentada el miércoles.

El ex fiscal del Gobierno de Bush, Paul Clement, dijo en la apelación que el caso se refería a "una cuestión de urgente importancia".

"Es un hecho ampliamente reconocido que las leyes federales de inmigración no se aplican adecuadamente", escribió. "Este sistema que no funciona lleva al pueblo y al gobierno de Arizona a soportar una parte desproporcionada de la carga de un problema nacional", agregó.

La Corte Suprema de Justicia decidirá si da lugar al caso durante su próximo período, que comienza en octubre.

Pero no le digan eso a NumbersUSA, una organización nativista, que recientemente calificó a 12 candidatos anunciados y posibles, entre ellos, al presidente Obama, por sus opiniones, políticas y declaraciones relativas a la inmigración. No fue agradable. No se inflaron las calificaciones en este caso.

Esta entidad desea reducir el número de inmigrantes que ingresen a los Estados Unidos a la cifra anterior a la ley de la reforma migratoria de 1965 alrededor de unos 250.000 al año. Esa cifra representa aproximadamente un cuarto de la cifra actual, y una manera de alcanzarla es dificultar al máximo el ingreso legal de los inmigrantes, si no son hijos o esposos de un ciudadano estadounidense.

NumbersUSA sí tiene problema con la actual camada de candidatos presidenciales. La mejor calificación se la llevó Michelle Bachmann, pero fue sólo una B-menos. Le siguió Tim Pawlenty con una C-más y Herman Cain con una C-menos. Mitt Romney y Sarah Palin obtuvieron una D. Newt Gingrich, Jon Huntsman y Rick Perry, se sacaron D-menos. Ron Paul, Gary Johnson y Rick Santorum se sacaron Fs. El peor de todos fue el presidente Obama, con una F-menos.

Los candidatos perdieron puntos por oponerse a los esfuerzos para modificar la 14ª Enmienda para lograr que los hijos de inmigrantes ilegales, nacidos en Estados Unidos, no puedan obtener ciudadanía estadounidense; por no presionar para que se establezcan límites para la inmigración legal y por cuestionar la sensatez de leyes estatales tales como las de Arizona, Alabama y Carolina del Sur, que reclutan a la policía local para hacer cumplir la ley migratoria federal.

Cerca de las 3 p.m., el mandatario entró al salón Roosevelt de la Casa Blanca donde lo esperaba un grupo de periodistas hispanos. Ansioso de hablar de la deuda nacional y también un poco cansado, tras las celebraciones de su cumpleaños, inició un diálogo con la esperanza de dirigirse al público latino y a los futuros votantes en 2012.

De qué se trata

"Siempre he sido claro desde que asumí mi cargo que queríamos proveer de toda la asistencia técnica necesaria que pudiéramos a México en su lucha contra los narcotraficantes. Nuestro programa está restringido a proveer asistencia de inteligencia y otras formas de asesoría de respaldo, para que el gobierno de México pueda ejecutar su lucha contra los narcotraficantes en el país", dijo a La Opinión.

"Quiero ser muy claro, respecto a que ésta no es una situación donde tenemos agentes estadounidenses participando en actividades de control dentro de México. Sólo estamos proveyendo asistencia, ayuda, para que ellos puedan concretar los objetivos de Calderón. No tenemos ningún plan de expandir nuestro rol más allá de la cooperación técnica que se está dando ahora", agregó.

Obama declinó referirse al posible despliegue de contratistas privados de seguridad a México e insistió en que Estados Unidos brinda cooperación en el manejo de los narcotraficantes a diversos países, ya que es parte de los intereses de seguridad nacional.

"Pero cualquier cosa que hacemos está relacionada con nuestra capacidad técnica. Le compete a México, hacer cumplir sus leyes en sus fronteras", insistió.

Por otra parte, el mandatario dio un "no" rotundo al ser cuestionado sobre la salida de su procurador general, Eric Holder, por su supuesto desconocimiento de una operación del calibre de "Rápido y Furioso, que permitió el trasiego ilegal de más de 2 mil armas a México.

Comunidades Seguras

En cuanto a inmigración, el presidente enfatizó que programas como Comunidades Seguras (S-Comm) están siendo evaluados constantemente. La semana pasada el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reforzó su carácter obligatorio a nivel nacional. Con esto, la información sobre huellas digitales de personas detenidas será compartida con la agencia en todo el país en 2013, en busca de los indocumentados detenidos.

"ICE ha implementado más dirección a los agentes en el campo, respecto a cuáles son las prioridades. Eso no significa que esto se haya concretado en su totalidad en el nivel operacional. Todavía puede haber situaciones en que se esté deportando a personas que estén acusadas de conducir bajo la influencia del alcohol o tengan violaciones menores de tráfico. Pero en general la dirección a la que nos estamos moviendo es que hay que priorizar los crímenes más serios", explicó a La Opinión.

"Mientras más atención se ponga en este enfoque, más efectivo será el programa. El desafío acá es que es una agencia grande, con muchos agentes a lo largo del país. Pienso que ICE está enfocado en cambiar la cultura para enfocarse en estas nuevas prioridades", aseguró.

Consultado por La Opinión respecto a la posibilidad concreta de que no se comparta la información biométrica de personas con delitos menores de tráfico, el mandatario sólo indicó que se continuará "tratando de mejorar nuestras funciones administrativas para minimizar la separación de familias".

Falta bipartidismo

Obama aprovechó también la oportunidad, para realizar una crítica a lo que ve como esfuerzos sólo enfocados en contra de los demócratas, cuando se habla de inmigración.

"No se ha puesto la energía en lo que pueden hacer los republicanos. Se ha invertido tanto tiempo en si podemos hacer algo administrativamente que parece que la gente simplemente se ha rendido respecto a la idea de cambiar la manera de pensar de los republicanos sobre inmigración. Como consecuencia no siente ninguna presión respecto a hacer lo correcto, cuando se trata de una reforma migratoria", dijo.

Respecto a su campaña por la reelección, Obama reconoció tener fe en los votantes hispanos. "La elección del próximo año se basará en qué visión del país es mejor. Preferimos una que continúa expandiendo las oportunidades para que los jóvenes vayan a la universidad, que está invirtiendo en poner a la gente a trabajar, que cree en una reforma migratoria, que piensa que debemos balancear nuestro presupuesto de una manera justa o la visión republicana. Creo que nos irá bien", comentó.

Por su parte, insistió en que está dispuesto a continuar hablando sobre la necesidad de una reforma migratoria consistentemente y de Dream Act, puntos que en su opinión, ningún candidato republicano defenderá.

Obama tiene previsto impulsar un plan específico para el crecimiento de empleo cuando el Congreso reanude su actividad en septiembre, tras el receso veraniego. El presidente ha pedido repetidamente al Congreso que apruebe la ampliación del recorte de impuestos sobre las nóminas, la finalización de los pactos de libre comercio y la promoción de los proyectos de infraestructura para generar nuevos empleos en el sector de la construcción. Sin embargo, los republicanos, que controlan el Congreso, se oponen a cualquier medida que implique un fuerte gasto, aunque sea para estimular el crecimiento.

La gira de Obama también permite al presidente confrontar a los votantes más furiosos con sus decisiones, según indican las encuestas. A pesar de esto, los ciudadanos que acudieron a la cita de ayer en Canon Falls (Minessota) fueron amables con el presidente, y la mayoría de las intervenciones fueron para animarle a que tome una línea política más dura frente a los republicanos.

La creciente hostilidad aumentó los arrestos y la represión contra la población, por solamente aplicar un perfil delictivo de tipo racial. Está en riesgo todo aquel que coincida con la imagen que tiene la policía de un inmigrante indocumentado.

Con la entrada en vigor de la Ley, el estado de Arizona ha comenzado a recaudar fondos privados para la construcción de un muro fronterizo. Para tal propósito ya funciona en internet un nuevo sitio:

La página web www.buildtheborderfence.com busca atraer donativos de ciudadanos y negocios dentro y fuera de Arizona y espera recaudar unos 50 millones de dólares, según el senador estatal republicano Steve Smith, quien patrocinó la Ley.

Se calcula que el costo por kilómetro sea entre 250 000 y casi un millón de dólares, y aunque la extensión de la valla es aún desconocida, la meta es cubrir 131 de los cerca de 600 kilómetros de frontera que carecen de muro. Durante su primera semana el sitio de Internet recaudó más de 100 000 dólares en donaciones, informó un legislador local.

No se trata de recaudar fondos para combatir los males que aquejan a la sociedad norteamericana, la cual carga con la naturaleza del capitalismo como sistema social y su creciente abismo entre ricos y pobres.

Esta vez —como tantas— la seguridad nacional vuelve a esgrimirse como pretexto o cortina de humo para criminalizar a quienes emigran hacia esa nación en busca del llamado sueño americano.

Los inmigrantes, quienes están en la mira, y no por casualidad, constituyen hoy unos de los más rentables negocios para aquellos que a cualquier costo buscan llenar sus bolsillos aprovechando jugosamente las calamidades humanas. No olvidemos que el asunto de la inmigración tiene que ver con votos y con unos cuantos politiqueros enriqueciéndose a expensas del futuro de muchos.

El tenso debate político alrededor del tema ha llevado a muchos a pedir un muro completo entre Estados Unidos y México.

¿En realidad alguien puede pensar que construir un muro es la solución? ¿Qué pasaría si hasta ese muro llega un cubano? ¿Los contribuyentes que lo edificaron aceptarán la entrada en virtud de la Ley de ajuste cubano?

El muro de Arizona, como otros del mundo, no solo separa regiones, culturas y familias a merced de intereses particulares, sino que comparte por su naturaleza, la entraña del terrorismo, el doble rasero: migración buena si son científicos, profesionales, deportistas o si tienen un fin político, y migración mala si son los explotados del Sur, víctimas justamente del saqueo histórico del norte.

El debate sigue lejos de una de las aristas más cínicas de la realidad de Estados Unidos, los políticos protagonistas de semejantes acciones criminales olvidan que pertenecen a la especie humana y que las migraciones son consecuencia de sus actos. A estos últimos, les ha tocado como castigo la deportación de una nación que por años ha dependido de ellos.