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Historial
EDAD: 49 años

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 4 de agosto de 1955 en San Antonio, Texas.

ESTUDIOS: Asistió a la Academia de la Fuerza Aérea; graduado en la Universidad de Rice, en 1979; licenciado en derecho por la Universidad de Harvard, 1982.

EPERIENCIA: Asesor legal de la Casa Blanca (2001"al presente); juez de la Suprema Corte de Texas (1999" 2000); secretario de estado de Texas (1997"1999); asesor legal del gobernador de Texas (1995"1997); abogado corporativo en el bufete de Houston de Vinson & Elkins (1982"1995).

FAMILIA: Esposa (Rebecca) y tres hijos.

ALIAS: Llamado "El Juez" por sus colegas de la Casa Blanca. "Al" para sus amigos.

TITULO: "Abogado latino del año", concedido por la Asociación Nacional de Abogados Hispanos.

PLEGARIA Y ACCION DE GRACIAS: " 'Que me den sólo una oportunidad para demostrar lo que valgo', es una plegaria corriente entre nuestra comunidad. Señor Presidente, gracias por esta oportunidad",.

MODELO: "Es el símbolo del sueño americano". "Se ha caracterizado por sus francas opiniones y su respeto inquebrantable de la ley". (George W. Bush). Asesor legal de la Casa Blanca (2001"al presente); juez de la Suprema Corte de Texas (1999" 2000); secretario de estado de Texas (1997"1999); asesor legal del gobernador de Texas (1995"1997); abogado corporativo en el bufete de Houston de Vinson & Elkins (1982"1995).

“Esta es la quinta ocasión en que le pido al juez Gonzales que se ponga al servicio de los ciudadanos y estoy muy agradecido de escuchar su ‘sí’, dijo el Presidente al anunciar la nominación en el salón Roosevelt de la Casa Blanca.

La suerte de Gonzales siempre ha estado ligada a la de Bush. Cuando éste fue elegido gobernador de Texas, hace 10 años, reclutó a Gonzales como asesor general; luego lo nombró juez de la Suprema Corte de Justicia de Texas. Cuando llegó a la Casa Blanca, el Presidente le confió su actual puesto de asesor jurídico de la Presidencia.

El nominado, refirió Bush en su discurso de presentación, se crió en el sur del país junto a siete hermanos en una vivienda de dos dormitorios. Sus padres, Pablo y María, no llegaron a terminar la primaria, pero se esforzaron para educarlos y transmitirles “valores de reverencia, integridad y responsabilidad”, recordó Bush una vez más en la ceremonia del anuncio del nombramiento.

Reacciones matizadas

Las reacciones entre las organizaciones latinas, algunas más reservadas, otras más entusiastas, no se hicieron esperar.

“MALDEF [el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación] aplaude la decisión del presidente Bush de hacer esta nominación histórica; sin embargo, MALDEF también considera que es importante evaluar a cada candidato en su totalidad, independientemente de su raza o su etnia”, declaró en un comunicado difundido ayer Ann Marie Tallman, presidenta y asesora general de esa organización.

Agregó que MALDEF está ya haciendo una evaluación amplia del juez texano, la cual piensan dar a conocer durante el subsiguiente proceso de confirmación.

“Aún está por verse si el juez Gonzales es el que más conviene a nuestra comunidad”, dijo Tallman.

La directora del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Janet Murguía, calificó la selección de Gonzales como un acto de justicia hacia los hispanos por parte de la Casa Blanca, refiriéndose a que ninguno de esa identidad había sido incluido en el gabinete desde que el secretario de Vivienda (HUD), ahora senador electo, Mel Martínez, dejó ese puesto.

“Nos complace que uno de los primeros actos tomados después de la reelección del Presidente no sólo rectifica esa situación, sino que, además, marca un hito histórico para la comunidad latina. Nunca se ha escogido a un latino para hacerse cargo de una de las carteras más importantes: Estado, Tesoro, Defensa y secretario de Justicia”.

Alberto Gonzales formó parte de la junta de directores de la Asociación para el Avance de los Mexicoamericanos (AAMA), una organización de Houston afiliada a la NCLR.

Jaime Regalado, director del Instituto de Políticas Públicas Edmund G. “Pat” Brown, centro de investigaciones afiliado a la Universidad del Estado de California en Los Angeles (Cal State LA), manifestó que la decisión del Presidente “es una estrategia segura para Bush: por un lado, simboliza su agradecimiento con los latinos por votar por él en mayor cantidad en noviembre en comparación con el año 2000, sino que, además, es una apuesta segura para él pues escoge a alguien muy afín: conservador y muy cercano a los temas que son importantes para la Casa Blanca”.

En ese sentido, dijo, con esta decisión Bush adquirió dos lugartenientes por el precio de uno.

Anthony Romero, presidente de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), aunque no se pronunció ni en contra ni en favor de Gonzales, pidió al Senado que examine cuidadosamente “las directrices presentadas por el señor Gonzales con respecto a la constitucionalidad de la Ley Patriota, las detenciones de Guantánamo y la decisión de designar a ciudadanos estadounidenses como enemigos alzados en armas, así como el tema de los derechos de reproducción de las mujeres”.

“Lo que sabemos sobre él da pie a algunas preguntas y problemas”, señaló Romero.

Jaime Regalado, director del Instituto Edmund G. “Pat” Brown, considera que la decisión de nominar al juez Gonzales responde a una estrategia muy astuta de la Administración: “Hay muchas maniobras para reemplazar a figuras que ofrecen un flanco débil. Parece que el Presidente quiere elevar en su segundo mandato a cierta gente con un toque más suave, que proyecte una imagen de acuerdo bipartidista”.

El Senado, dominado por el Partido Republicano, debe confirmar la nominación. Hasta el momento, las principales figuras, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, se han manifestado de manera favorable al nombramiento del juez texano. El senador Patrick Leahy, de Vermont, vicepresidente del Comité de Justicia de esa Cámara, declaró que aunque procede examinar el récord de Gonzales, no considera su nominación como un tema insuperable.

Críticas duras

Al asesor jurídico de Bush le llovieron críticas después del 11 de septiembre por ser el responsable de un memorándum en que el Presidente se arrogaba el derecho a ignorar las prohibiciones legales contra el uso de la tortura, así como la Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra.

Los críticos de la Administración alegan que este enfoque conllevó a los maltratos cometidos por las fuerzas estadounidenses en la prisión iraquí de Abu Ghraib, en Bagadad, donde tanto soldados como elementos de los servicios de inteligencia y mercenarios contratados por el gobierno de EU torturaron o toleraron la tortura de prisioneros iraquíes.

El memo del juez Gonzales expresaba concretamente que la Convención de Ginebra no regía en el caso de Al Qaida o la guerra de Afganistán. Por otro lado, también defendió directrices de la Administración, como la detención de sospechosos de terrorismo sin respeto al principio del hábeas corpus —el derecho de un detenido a comparecer ante un juez para que éste determine si su detención es válida—, que han sido rechazadas por la Suprema Corte de Justicia.

Por otro lado, la derecha cristiana del país, al menos en lo que respecta al aborto, no lo considera uno de los suyos.

Gonzales es la apuesta de la Casa Blanca para reemplazar a un secretario, John Ashcroft, cuyo estilo e ideología lo convirtieron, a decir de algunos, en pararrayos de las críticas provenientes de las organizaciones de derechos humanos y la ACLU.

Un día antes del anuncio de la candidatura de Gonzales, durante una conferencia ofrecida por el secretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, éste dio a entender que el recambio en la cartera de Justicia no implica una revisión de la Ley Patriota.

“Si ustedes han oído bien al Presidente durante toda la campaña, se darán cuenta que él habló sobre lo importante que es la Ley Patriota para dar a los cuerpos del orden las herramientas que éstos necesitan para prevenir y obstaculizar que ocurran actos terroristas”.

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