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En sus términos actuales, "plantea serios desafíos en materia jurídica y organizativa, así como respecto del tiempo disponible para organizar la elección", explicó a los senadores el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde sobre la medida, que requiere aún la aprobación del Senado.

El funcionario aclaró que no descalifica la ley aprobada recientemente por los diputados, pero advirtió que su aplicación en el extranjero implica enormes dificultades técnicas y geográficas.

"Tomar las reglas vigentes en territorio nacional para implementarlas en el extranjero, sin considerar dificultades técnicas y geográficas, así como la carencia de facultades para realizar actos jurídicos en espacios foráneos, supone desafíos", agregó.

Añadió que esta ley "podría vulnerar la certeza y legalidad de un proceso electoral" en el que se elegirá al sucesor del presidente Vicente Fox, en julio de 2006.

El 22 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley electoral que permitiría a los mexicanos residentes en el extranjero, mayoritariamente en EEUU, votar en las elecciones a partir de 2006, y autorizó las campañas electorales fuera del país.

El proyecto de ley fue enviado al Senado para su análisis, discusión y aprobación a fin de que pueda convertirse en ley.

Ugalde planteó a los legisladores varias observaciones técnicas, jurídicas y presupuestarias al proyecto de ley que dificultan la instauración del voto fuera del territorio nacional.

Entre los mayores problemas está elaborar un listado electoral fuera de México debido a la carencia de facultades para definir el domicilio legal de los votantes, además de que este país carece de acuerdos de colaboración en este sentido con otros países.

Añadió que tampoco hay suficiente tiempo para definir un universo de votantes, estimado de 9,9 millones de personas, de las cuales sólo cuatro millones cuentan con credencial para votar.

Según Ugalde, el coste de organizar los comicios fuera de México ascendería a unos 3.557 millones de pesos (320 millones de dólares), muy superior a los cerca de 400 millones de pesos (unos 35 millones de dólares) asignados al IFE en 2005-2006 para el voto en exterior.

Indicó que, pese a todas las observaciones, el IFE acatará la decisión que asuma el Congreso mexicano.

Cifras oficiales indican que más de 350.000 personas cruzan ilegalmente cada año la frontera de México con EEUU para sumarse a los casi diez millones de mexicanos que residen en ese país. EFE